Alicia tiene 38 años y está casada con José, que tiene 41 años. Los dos son empleados y desde hace ocho años que buscan un hijo. Ya hicieron tres intentos de fertilización asistida. Ya gastaron alrededor de 45 mil pesos en los intentos. Y quieren seguir peleando por un embarazo. Se quedaron sin fondos, pero ahora cuentan con el aval de la Justicia. El juez de primera instancia en lo civil y comercial federal, Carlos Álvarez, ordenó a la prepaga OSDE que otorgue cobertura médica integral (el 100% de los gastos) en los tratamientos de fertilidad asistida –con la técnica ICSI– mientras su médico se los prescriba.
«Por más que pidamos prestado, por más que podamos juntar un poco de dinero, ya no nos alcanza para hacer ningún tratamiento. Los años van pasando y una está en una edad en la que no puede jugar con el deseo de tener un hijo», subraya Alicia, que no sólo desea un hijo sino que todas las parejas accedan al mismo derecho. «Engendrar un hijo es algo natural, pero no poder engendrarlo es algo con lo que uno nace y no lo eligió. Es una enfermedad y siempre la infertilidad es de la pareja», dice Alicia.
El ICSI –inyección intracitoplasmática de un espermatozoide– es un método que se utiliza en casos de esterilidad masculina y que, junto con los medicamentos, cuesta entre 9.500 y 15 mil pesos. En muchos casos hay que probarlo varias veces hasta que se logra un embarazo.
«Cualquier persona desea ser padre y a los que este camino se nos hace tan largo esa lucha se nos hace muy dura», cuenta. Alicia decidió ampararse en la Justicia para no sentirse abandonada por su cobertura médica. «Este fallo me va a dar la posibilidad de que podamos ser padres y que sirva, además, para muchas otras parejas», se alegra.
El fallo, seguramente, va a ser apelado. Pero ya hay otros dos antecedentes: un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA) –que ya se está aplicando– y otro de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás que obligó a IOMA a cubrir un tratamiento de fertilización asistida.
«El avance es que este fallo no es contra una obra social provincial o local y condena a OSDE a cubrir los tratamientos sin límite», rescata el abogado Pablo Rosales.
Jorgelina Mena tiene 35 años y hace tres que busca un hijo. Ella es la responsable de prensa de Sumate a Dar Vida, una ONG especializada que ya juntó 65 mil firmas de apoyo a una iniciativa popular para que el Congreso apruebe una ley que dicte la cobertura médica obligatoria a los tratamientos de reproducción. «No es justo que la posibilidad de tener un hijo para las parejas infértiles dependa del dinero y de los recursos que posean», remarca.
Sergio Pasqualini, director de Halitus Instituto Médico, subraya: «Este nuevo fallo muestra la necesidad de una ley de infertilidadad que abra una puerta a la posibilidad de ser padres a aquellas parejas que hoy no cuentan con recursos necesarios para lograrlo».
Prestadoras preocupadas por falta de recursos financieros
Representantes de empresas y entidades de medicina prepaga se reunieron para solicitar que «no se incorporen nuevas prestaciones que no tengan garantizado el soporte financiero». Con ese fin, médicos y miembros de clínicas, farmacias, hospitales y prestadoras de servicios de laboratorio debatieron sobre un proyecto de ley que, una vez aprobado, establecerá un marco jurídico uniforme para las prestadoras de salud. En la reunión –que pasó a cuarto intermedio hasta la semana que viene– los empresarios destacaron su preocupación «por la sustentabilidad de las entidades sin fines de lucro».
La Confederación Médica pidió precisiones sobre quién aplicará los «aranceles mínimos» de los servicios. «Queremos que haya libertad para elegir al profesional, a la clínica o a la farmacia; lo que hoy no ocurre», dijo un miembro de la Confederación Farmacéutica Argentina. Del encuentro participaron el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capacchioli, y la subsecretaria de la Defensoría del Consumidor, María Lucila Colombo.
Las claves
Tres son los casos de parejas que pidieron que su obra social les cubra el tratamiento de fertilización asistida y fueron avaladas por la Justicia.
17 mil pesos puede llegar a costar un tratamiento. El método ICSI (con los medicamentos) sale entre 9 y 15 mil pesos en institutos privados.
45 mil pesos aproximadamente lleva gastados la pareja que presentó el amparo y ahora tienen el aval de la Justicia para realizar tratamientos sin límite a cargo de OSDE.
65 mil firmas juntó la iniciativa Sumate a Dar Vida que pide una consulta popular en pos de una ley que dicte la cobertura médica obligatoria para los tratamientos de reproducción.