Ley de reproducción asistida, sigue el debate

Buenos Aires (NA) > Miles de bebés nacen cada año en la Argentina y el mundo como resultado del avance constante en las técnicas de reproducción asistida, haciendo posible el sueño de ser padres.
Sin embargo, junto con la solución a este problema surgen otras problemáticas legales que requieren ser abordadas, entendidas y reguladas. En la actualidad, existe un proyecto de ley sobre Medicina Reproductiva en la Cámara de Diputados, en espera de su análisis final por parte de la Comisión de Salud de dicho recinto, y que apunta a modificar la Ley de Salud Reproductiva 25.673.
Este plan, fue presentado durante 2008 e involucra los aspectos sociales, biológicos y culturales sobre el tema, teniendo como uno de sus parámetros centrales, el hecho de que la infertilidad sea considerada una enfermedad.
A raíz de ello, tal como sucede con la ley de obesidad, de la que tanto se ha hablado en este último tiempo, la de reproducción asistida implicaría grandes gastos a las obras sociales, prepagas y mutuales.
«El acalorado debate que se suscitó en la Cámara de Diputados por el tratamiento de la ley de reproducción asistida no describe ni prioriza la situación de los profesionales y las parejas quienes, al fin y al cabo, son los más involucrados», coinciden en afirmar algunos expertos.
La problemática de una ley de reproducción asistida es mucho más compleja y la discusión no debe circunscribirse al plano meramente económico, afirmó Sergio Pascualini, médico ginecólogo especialista en fertilidad.

Estadísticas
Según distintos estudios, en el país y en América Latina, entre un 15 y un 20 por ciento de personas que están en edad reproductiva tienen serias dificultades para procrear.
«La gran mayoría de las parejas accede a los tratamientos de fertilidad luego de enormes esfuerzos de su parte y otros no menores de las clínicas y médicos que hacen posible el financiamiento de esos procedimientos a pesar de la dura situación económica que atravesamos», sostuvo Pascualini.
En ese sentido, remarcó que la posibilidad de acceder a través de cobertura social a intervenciones de este tipo «hace la diferencia de acceso o no para buena parte de la población».
En la actualidad, legalmente, no está contemplado en el PMO (Programa Médico Obligatorio) y por lo tanto no hay obligatoriedad ni para el Estado de proveer de esos servicios de forma gratuita y extendida ni para las obras sociales y prepagas de tenerlo dentro de sus prestaciones básicas.
Sin embargo, advierte, cualquier debate sobre reproducción asistida debería incluir el derecho a la privacidad, la libertad para procrear, la justicia social, la salud y el bienestar de las mujeres y los niños.
De igual forma debería contemplar la igualdad entre los sexos, en las oportunidades de acceso a la paternidad, acceso equitativo a la salud, respeto por las decisiones morales y personales, observancia de las diversidades genéticas y biológicas y políticas no restrictivas basadas en la evidencia científica, considera Pascualini, director del Centro Halitus.