El dato no es menor: una de cada seis parejas argentinas no puede tener hijos por problemas de fertilidad. Mientras que del total de afectadas algunas optan por adoptar, otras depositan sus esperanzas en los avances de la ciencia. Así, el panorama puede resultar alentador… para quienes disponen de recursos, ya que la mayoría de las parejas no tienen los medios suficientes para enfrentar el enorme desafío de ser padres cueste lo que cueste.
En nuestro país, la ley no siempre es pareja para todos. En la provincia de Buenos Aires ya se sancionó una norma sobre fertilidad, pero en el ámbito nacional y en el porteño aún hay cientos de personas que aguardan cumplir su sueño. Pese a que ha habido varios intentos por concretar la iniciativa, varios proyectos descansan y otros pocos avanzan tanto en el Congreso como en la Legislatura.
En la Ciudad, el proyecto de ley presentado por la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) se suma a los de varios legisladores de otros bloques. Fuentes de la Comisión de Salud de la Legislatura afirmaron que en principio “habría consenso entre los diputados”, pero aclararon que las fricciones existentes podrían tener origen en las distintas propuestas acerca del necesario tiempo de residencia en la Ciudad para poder ser beneficiario de la cobertura: el PRO exigiría un período mayor a dos años; para la oposición, en cambio, bastaría con este plazo.
Si bien “brindar asistencia a personas que no pueden tener hijos de modo natural” y “garantizarles un tratamiento integral con acompañamiento psicológico en todo el proceso” (incluyendo gastos de medicación, insumos y estudios previos, cobertura del embarazo, parto, posparto y de cuidados neonatales) figuran entre los objetivos principales de las propuestas en Nación y Ciudad, hay diferencias de contenido y a nivel conceptual.
En referencia a lo que ocurre en el plano nacional, Romina Cartoceti, integrante de la Asociación Civil Sumate a Dar Vida, y el doctor Sergio Pasqualini, director del Instituto Médico Halitus, coincidieron en que la infertilidad “es una patología”. El no reconocerla –explicaron– impide que se puedan realizar tratamientos para quienes desean tener hijos y no pueden. Por el contrario, la diputada Naddeo propone desterrar el término y hablar del acceso a “un derecho que tienen madres y padres”.
Además, teniendo en cuenta que tanto parejas heterosexuales como homosexuales luchan por este derecho, en lo que respecta al ámbito nacional argumentaron que la propuesta no se reduce a establecer una distinción sobre los posibles beneficiarios, sino que sólo busca el respeto “al derecho a la salud”. Desde la Legislatura, en cambio, manifestaron que en el proyecto de ley “no se habla de matrimonios, sino de personas”. De esta forma, precisaron, se “deja la puerta abierta para que mujeres solas y parejas lesbianas puedan concebir”.
Como asesora de la Comisión de Salud, Analía Glas explicó que “en la actualidad muchas mujeres están haciendo el tratamiento, pero que lo realizan sólo si cuentan con los recursos económicos necesarios, ya que son “muy costosos”. Cada intento de fecundación asistida para la estimulación ovárica cuesta alrededor de 7 mil pesos. Y el monto total de un tratamiento es de cerca de 20 mil pesos. Y puede aumentar si la situación se complejiza.
El doctor Pasqualini expresó a NU que, más allá de las técnicas que se utilicen, ya sea la de alta complejidad (aquella a partir de las cuales los óvulos de la mujer se extraen del cuerpo y se fertilizan in vitro) o la de baja complejidad (aquella que no requiere la extracción del óvulo para fertilizarlo sino que la fertilización se realiza dentro del útero), “hay parejas que obtienen los resultados esperados y otras que nunca lo logran”.
Debate parlamentario
Si bien las autoridades bonaerenses dieron el primer paso y le sacaron ventaja a la Ciudad y Nación por disponer de una ley propia (la 14.208), que entre otros puntos obliga al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), obras sociales y prepagas a brindar el tratamiento gratuito a “habitantes que tengan dos años como mínimo de residencia”, ya hay debate sobre la normativa que comenzó a regir a fines del año pasado. Que sólo “las mujeres entre 30 y 40 años sean beneficiarias del servicio”, es “restrictivo”, indicaron conjuntamente desde Ciudad y Nación. Por ello, en suelo porteño la diputada Naddeo quiere alcanzar una “propuesta superadora”, en la que, por ejemplo, se contemple la creación de una comisión de seguimiento y tratamiento en cada uno de los casos.
Por su parte, Cartoceti informó que si el más reciente de los proyectos presentados en el Congreso “no se trata antes de fin de año, volverá a foja cero” (ya ocurrió en 2009). Para evitar eso, desde Sumate a Dar Vida y Concebir, una ONG que apoya a las parejas con problemas de fertilidad, organizaron una jornada en el Planetario, de la que Naddeo fue parte, en la que alcanzaron las 200 mil adhesiones, aunque restan unas 800 mil para que la iniciativa tome estado parlamentario. “Cada persona y pareja tiene que poder decidir su plan de vida sobre su propio cuerpo y familia, sin presiones sociales, culturales ni mediáticas y sin estigmatizar sus decisiones”, declaró la legisladora entonces.