Dar vida es una paradoja. Mientras diputados debaten sobre salud sexual y reproductiva y publicidades de tests de embarazo se muestran en refugios cercanos a las escuelas, del otro lado de la acera existen familias sin suerte a la hora de llamar a la cigüeña. No son pocas: 15% de las parejas argentinas en edad madura tiene problemas de fertilidad: entre todas, conformarían una ciudad similar a La Plata o Mar del Plata: 600 mil personas.
Todas afrontan la frustración y desesperanza de querer dar vida y no poder, pero además por la falta de respaldo del sistema de salud y de las normas que lo regulan. A treinta años del nacimiento en Inglaterra de Louise Brown, la primera beba surgida de una fertilización in vitro, y a 22 del primer caso argentino, las técnicas son tan variadas como los dilemas, pero las normas que los regulan son inexistentes. Las parejas no tienen acceso, los médicos no están legalmente resguardados y el sistema de salud está poco preparado para afrontar la demanda.
El alto costo de las técnicas de fertilidad de alta complejidad, aquellas en las que la concepción se produce fuera del vientre, es el reclamo principal de ONG dedicadas al tema, ya que hace imposible su acceso para la mayoría de las parejas. Las obras sociales no lo cubren al no estar en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Esta semana fue firmada la séptima resolución judicial conocida que obliga a una obra social a costear los tratamientos, la cuarta en lo que va del año. Los pedidos de amparo se están volviendo más frecuentes.
“La seguidilla de causas marca el camino, pero no queremos que haya una catarata de fallos, necesitamos una ley”, explicaron desde Infertilidad-Arg, una ONG que junta firmas con ese cometido. Otro de los grupos que promueven la ley es la Fundación Concebir: “Tiene que ser integral, que regule qué técnicas deben ser cubiertas, cuántas prácticas por paciente, pero también el control técnico de los centros, porque ahora se controlan entre ellos porque son pocos, pero luego será difícil”, explicó a PERFIL Estela Chardón, una de las fundadoras.
OSDE fue la primera prepaga en ser obligada a costear las técnicas de alta complejidad, y para la industria fue suficiente para reaccionar. Su director médico, Gabriel Barbagallo, abrió el debate en un congreso reciente, al comparar la Ley de Obesidad, que incorpora el bypass gástrico en el PMO, con los proyectos de fertilidad asistida. Según dijo, “la ley no ataca un problema sanitario sino que sólo fue un problema de cobertura para las obras sociales y las prepagas… nadie se preocupó por el 40% que no tiene cobertura”.
Barbagallo y otros dos ejecutivos de prepagas –que solicitaron no ser mencionados– explicaron a PERFIL que, de aprobarse una ley de fertilidad, debería hablar de la edad de las pacientes, la cantidad de intentos, la precisión de las técnicas y de cómo se financiarán esas prácticas.
Asimismo, “una ley de infertilidad desalienta la adopción, que es un problema sanitario importante, con casi 9 mil chicos que están esperando un hogar”, afirmó el jefe de OSDE en el congreso.
Debate pendiente. Mientras las sentencias judiciales reflejan la pelea entre pacientes y obras sociales por la cobertura de los tratamientos, la comunidad científica continúa con un debate que lleva años: el estatuto legal y moral del embrión, es decir cuándo comienza la vida de una persona y debe ser protegida. Sucede que las técnicas de fertilización in vitro suponen la manipulación de decenas de embriones por paciente, la mayoría de los cuales no llegarán a implantarse en el seno materno.
“El estatuto del embrión es clave, y la legislación actual, que incluye el Código Civil y la Constitución Nacional, por la ratificación del Tratado de San José de Costa Rica, dice que la vida empieza a partir de la concepción. La manipulación de embriones y los proyectos de ley para permitir el aborto son inconstitucionales”, señaló a PERFIL el ginecólogo Rafael Pineda, director del Departamento de Bioética de la Universidad Austral.
La realidad supera a la ley en el país se realizan unos 5 mil ciclos de fertilización in vitro por año y existen 24 centros certificados para unir los óvulos y los espermatozoides en el laboratorio. Pero entonces, ¿qué resguardos legales tienen los centros y los médicos para hacer los tratamientos?
“Reglamentos y procedimientos de control muy estrictos y un código de ética”, dice en forma enfática el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMR), Ramiro Quintana. “La sociedad puede sancionar a cualquier miembro si se vulneran los principios de lo que se puede hacer y lo que no”. También las instituciones que trabajan en el tema deben certificar los procedimientos, y los médicos adheridos tienen que homologar en forma habitual sus títulos y habilitaciones. “La idea es evitar que haya médicos que estafen a los pacientes, buscamos que no haya gente que no esté capacitada, que no haya gente que esté estafando, por eso existen estos controles. Hay un listado con los centros autorizados”, dice.
Gran parte de la comunidad médica reclama al igual que los pacientes, las obras sociales y las ONG la existencia de una ley “amplia”, que regule y permita las técnicas, aunque con límites. “La Argentina debe tener una legislación acorde, con una realidad médica que esté por encima de las creencias. En la Asociación Médica Argentina hay un capítulo entero dedicado a la ética de la fertilización asistida. Eso hizo que no hubiera problemas en la Argentina aun sin una legislación, pero una ley es sinónimo de madurez, una lástima no tenerla”, añade Quintana.
Los proyectos de una ley llegan al Congreso todos los años para ser debatidos desde 1985, cuando nacieron dos mellizos tucumanos por fertilización in vitro, los primeros que concebidos con la técnica en el país. En 1987 fue convocado un comité de especialistas de diversas ramas para llegar a un consenso. Acudieron filósofos, sacerdotes y rabinos, médicos de diversas especialidades y jueces, aunque dos años después se disolvió por falta de acuerdo.
“El diputado Ricardo Lasarria, de la UCR, había trabajado mucho en un proyecto, que fue uno de los más estudiados, pero no prosperó. La importancia de tener una ley era ver qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no. Pero desde 1986 no se pudo aprobar un proyecto, es decir más de 20 años.” La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva presentó proyectos en dos oportunidades: el primero en 1998 y el último hace dos años.
Pineda, desde la Universidad Austral, recomienda en medio del debate utilizar métodos que no afecten el estatuto del embrión. “Cerca de 15% de las parejas tiene problemas de fertilidad, pero de ésos apenas un 10% necesita acudir a tratamientos de fertilidad de alta complejidad, la mayoría con manipulación de gametos y embriones. Lo normal es no tener que acudir a estos tratamientos.”
Sergio Pascualini, director del Instituto Halitus y difusor de la problemática de infertilidad en un programa de televisión, dijo a PERFIL que “no” es necesaria una ley para realizar las prácticas de fertilización asistida, aunque señala que “es mejor que haya una norma, pero que sea amplia, permisiva”. Pascualini agregó que una buena legislación sería muy positiva para las parejas, para que sepan cómo actuar, por ejemplo frente a la donación de óvulos y la criopreservación de embriones.
“Hay un trasfondo que permite que a estos tratamientos se llegue sin dificultad, cuando debería ser lo menos habitual. Hay muchas técnicas que sirven para la mayoría de los casos. En principio el diagnóstico, que es una buena práctica para la medicina, pero una excelente para cuando se trata de lograr el embarazo. Lo importante es saber en dónde está el problema, para luego solucionarlo; con medicación y buenas prácticas podemos solucionar el 90% de los casos”, concluye el experto de la Austral.
