Derecho para las parejas infértiles
Dice un proverbio indio: “No opines sobre el proceder de otro hombre si antes no has caminado un largo trecho con sus mocasines”.
Después de escuchar cómo algunos que nunca han caminado con los mocasines de personas afectadas de infertilidad piden con urgencia se promulgue una ley sobre fertilización asistida, y luego de leer lo que trasciende sobre alguno de los proyectos en discusión, nosotros —que compartimos el largo camino de muchas parejas infértiles y conocemos de sus esfuerzos y sacrificios y que, además, tuvimos muchas veces el privilegio de participar de la alegría de obtener el embarazo tan ansiado—, aventuramos algunas reflexiones sobre el tema.
Una ley restrictiva podría dejar a nuestro país fuera de la posibilidad de usar las nuevas tecnologías que se desarrollen en el futuro, ocasionando un retraso e imposibilidad de beneficiar a las parejas infértiles con los progresos que se produzcan.
Están siendo desarrolladas actualmente, por ejemplo, técnicas de diagnóstico y terapia génica, las cuales podrían permitir la prevención y el tratamiento de enfermedades hereditarias y congénitas.
Una legislación restrictiva podría impedir la posibilidad de utilizar en el país estos y otros tratamientos. Esto llevará necesariamente a una situación injusta, ya que ninguna legislación podrá impedir que las parejas con mayores recursos puedan realizar el tratamiento en países donde esté permitido, mientras que aquellos con recursos limitados no tendrán esa alternativa.
Derechos y posibilidades
Debería evitarse que se introduzcan limitaciones en la aplicación de esas
todo el derecho de pensar como mejor les plazca y hacer valer su pensamiento entre sus adherentes. Pero carecen del derecho de imponer su punto de vista al resto de los ciudadanos.
Deberían tomarse especialmente en cuenta las opiniones de los directos interesados, quienes más podrían verse perjudicados por una legislación inapropiada: las parejas infértiles.
Para legislar justamente debería hacerse el mayor esfuerzo por comprender sus necesidades y ofrecerles las máximas posibilidades para alcanzar su objetivo. Es por ello que los proyectos de ley no están estancados y se sigue debatiendo para llegar en el momento más oportuno a que sean ley.
En un reciente fallo del 28 de abril, el juez nacional Miguel Güiraldes dice que “debe darse intervención al juez civil, para que éste, con la participación necesaria del ministerio público, supervise el tratamiento y autorice cada una de sus etapas, conforme con nuestro ordenamiento jurídico”.
Me preocupa cómo se pueden compatibilizar las seguras buenas intenciones del señor juez con la práctica. Cualquiera que conozca en detalle estas técnicas sabe que es impracticable, puesto que en muchos pasos se está trabajando con material que en muy pocas horas pierde su viabilidad.
Quizás el señor juez sepa cómo llevar a la práctica lo que intenta con su fallo, y al hacérnoslo conocer se disipen nuestras dudas.
Sergio Pasqualini es el director médico del instituto Halitus
Por Sergio Pasqualini
