Buscan una ley en favor de la vida

 Los expertos señalan que la mejor solución es que diputados y senadores acuerden una ley, como fue el caso de la norma sobre la obesidad.
Por Pedro Ylarri

Dar vida es una paradoja. Mientras diputados debaten sobre salud sexual y reproductiva y publicidades de tests de embarazo se muestran en refugios cercanos a las escuelas, del otro lado de la acera existen familias sin suerte a la hora de llamar a la cigüeña. No son pocas: 15% de las parejas argentinas en edad madura tiene problemas de fertilidad: entre todas, conformarían una ciudad similar a La Plata o Mar del Plata: 600 mil personas.
Todas afrontan la frustración y desesperanza de querer dar vida y no poder, pero además por la falta de respaldo del sistema de salud y de las normas que lo regulan. A treinta años del nacimiento en Inglaterra de Louise Brown, la primera beba surgida de una fertilización in vitro, y a 22 del primer caso argentino, las técnicas son tan variadas como los dilemas, pero las normas que los regulan son inexistentes. Las parejas no tienen acceso, los médicos no están legalmente resguardados y el sistema de salud está poco preparado para afrontar la demanda.

El alto costo de las técnicas de fertilidad de alta complejidad, aquellas en las que la concepción se produce fuera del vientre, es el reclamo principal de ONG dedicadas al tema, ya que hace imposible su acceso para la mayoría de las parejas. Las obras sociales no lo cubren al no estar en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Esta semana fue firmada la séptima resolución judicial conocida que obliga a una obra social a costear los tratamientos, la cuarta en lo que va del año. Los pedidos de amparo se están volviendo más frecuentes.
«La seguidilla de causas marca el camino, pero no queremos que haya una catarata de fallos, necesitamos una ley», explicaron desde Infertilidad-Arg, una ONG que junta firmas con ese cometido. Otro de los grupos que promueven la ley es la Fundación Concebir: «Tiene que ser integral, que regule qué técnicas deben ser cubiertas, cuántas prácticas por paciente, pero también el control técnico de los centros, porque ahora se controlan entre ellos porque son pocos, pero luego será difícil», explicó a PERFIL Estela Chardón, una de las fundadoras.

OSDE fue la primera prepaga en ser obligada a costear las técnicas de alta complejidad, y para la industria fue suficiente para reaccionar. Su director médico, Gabriel Barbagallo, abrió el debate en un congreso reciente, al comparar la Ley de Obesidad, que incorpora el bypass gástrico en el PMO, con los proyectos de fertilidad asistida. Según dijo, «la ley no ataca un problema sanitario sino que sólo fue un problema de cobertura para las obras sociales y las prepagas… nadie se preocupó por el 40% que no tiene cobertura».
Barbagallo y otros dos ejecutivos de prepagas –que solicitaron no ser mencionados– explicaron a PERFIL que, de aprobarse una ley de fertilidad, debería hablar de la edad de las pacientes, la cantidad de intentos, la precisión de las técnicas y de cómo se financiarán esas prácticas.

Asimismo, «una ley de infertilidad desalienta la adopción, que es un problema sanitario importante, con casi 9 mil chicos que están esperando un hogar», afirmó el jefe de OSDE en el congreso.

Debate pendiente. Mientras las sentencias judiciales reflejan la pelea entre pacientes y obras sociales por la cobertura de los tratamientos, la comunidad científica continúa con un debate que lleva años: el estatuto legal y moral del embrión, es decir cuándo comienza la vida de una persona y debe ser protegida. Sucede que las técnicas de fertilización in vitro suponen la manipulación de decenas de embriones por paciente, la mayoría de los cuales no llegarán a implantarse en el seno materno.

«El estatuto del embrión es clave, y la legislación actual, que incluye el Código Civil y la Constitución Nacional, por la ratificación del Tratado de San José de Costa Rica, dice que la vida empieza a partir de la concepción. La manipulación de embriones y los proyectos de ley para permitir el aborto son inconstitucionales», señaló a PERFIL el ginecólogo Rafael Pineda, director del Departamento de Bioética de la Universidad Austral.
La realidad supera a la ley en el país se realizan unos 5 mil ciclos de fertilización in vitro por año y existen 24 centros certificados para unir los óvulos y los espermatozoides en el laboratorio. Pero entonces, ¿qué resguardos legales tienen los centros y los médicos para hacer los tratamientos?
«Reglamentos y procedimientos de control muy estrictos y un código de ética», dice en forma enfática el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMR), Ramiro Quintana. «La sociedad puede sancionar a cualquier miembro si se vulneran los principios de lo que se puede hacer y lo que no». También las instituciones que trabajan en el tema deben certificar los procedimientos, y los médicos adheridos tienen que homologar en forma habitual sus títulos y habilitaciones. «La idea es evitar que haya médicos que estafen a los pacientes, buscamos que no haya gente que no esté capacitada, que no haya gente que esté estafando, por eso existen estos controles. Hay un listado con los centros autorizados», dice.

Gran parte de la comunidad médica reclama al igual que los pacientes, las obras sociales y las ONG la existencia de una ley «amplia», que regule y permita las técnicas, aunque con límites. «La Argentina debe tener una legislación acorde, con una realidad médica que esté por encima de las creencias. En la Asociación Médica Argentina hay un capítulo entero dedicado a la ética de la fertilización asistida. Eso hizo que no hubiera problemas en la Argentina aun sin una legislación, pero una ley es sinónimo de madurez, una lástima no tenerla», añade Quintana.

Los proyectos de una ley llegan al Congreso todos los años para ser debatidos desde 1985, cuando nacieron dos mellizos tucumanos por fertilización in vitro, los primeros que concebidos con la técnica en el país. En 1987 fue convocado un comité de especialistas de diversas ramas para llegar a un consenso. Acudieron filósofos, sacerdotes y rabinos, médicos de diversas especialidades y jueces, aunque dos años después se disolvió por falta de acuerdo.

«El diputado Ricardo Lasarria, de la UCR, había trabajado mucho en un proyecto, que fue uno de los más estudiados, pero no prosperó. La importancia de tener una ley era ver qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no. Pero desde 1986 no se pudo aprobar un proyecto, es decir más de 20 años.» La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva presentó proyectos en dos oportunidades: el primero en 1998 y el último hace dos años.
Pineda, desde la Universidad Austral, recomienda en medio del debate utilizar métodos que no afecten el estatuto del embrión. «Cerca de 15% de las parejas tiene problemas de fertilidad, pero de ésos apenas un 10% necesita acudir a tratamientos de fertilidad de alta complejidad, la mayoría con manipulación de gametos y embriones. Lo normal es no tener que acudir a estos tratamientos.»

Sergio Pascualini, director del Instituto Halitus y difusor de la problemática de infertilidad en un programa de televisión, dijo a PERFIL que «no» es necesaria una ley para realizar las prácticas de fertilización asistida, aunque señala que «es mejor que haya una norma, pero que sea amplia, permisiva». Pascualini agregó que una buena legislación sería muy positiva para las parejas, para que sepan cómo actuar, por ejemplo frente a la donación de óvulos y la criopreservación de embriones.

«Hay un trasfondo que permite que a estos tratamientos se llegue sin dificultad, cuando debería ser lo menos habitual. Hay muchas técnicas que sirven para la mayoría de los casos. En principio el diagnóstico, que es una buena práctica para la medicina, pero una excelente para cuando se trata de lograr el embarazo. Lo importante es saber en dónde está el problema, para luego solucionarlo; con medicación y buenas prácticas podemos solucionar el 90% de los casos», concluye el experto de la Austral.

CUADRO DE SITUACIÓN
Unas 600 mil personas, una cifra similar a la de los habitantes de La Plata, no pueden tener chicos por problemas de infertilidad.
Noventa por ciento de los casos puede resolverse con tratamientos de baja complejidad.
El 10 por ciento restante debe someterse a tratamientos de fertilización artificial, que son costosos y frustrantes.
Esta semana se conoció el séptimo fallo judicial que obliga a las empresas del sistema de salud a solventar estos tratamientos.
Pero no hay una ley que regule este problema.

Problemas de todo tipo
P.Y.
La falta de una ley sobre fertilidad preocupa a médicos y a la Justicia.
La donación de gametos y la generación de embriones son prácticas no previstas por la ley, según la cual, el Estado debe velar por los derechos de las persona «desde el momento de la concepción».
La Justicia europea se ha planteado varios interrogantes a raíz de casos concretos, iniciados por personas nacidas por fertilización in vitro que ya son mayores de edad. Uno de ellos fue el caso de la madre de un joven nacido por donación de esperma, quien reclamó al donante hacerse cargo de los costos alimentarios de su hijo natural.
También debatió sobre la propiedad de un embrión criopreservado generado por un matrimonio que luego se separó, la eliminación de embriones generados y no utilizados, y el derecho a la identidad de jóvenes que querían conocer al donante del esperma del que luego nacieron.
Se estima que 20 personas nacidas por fertilización in vitro ya son mayores de edad en el país, aunque en cinco años serán 4 mil. El Congreso debate una ley que resguarde sus derechos desde hace 20 años.

 
Palabra de ginecólogo
 P.Y.
El ginecólogo Rafael Pineda ha destinado gran parte de su trayectoria a investigar el «don» de la vida, y, para él, hacerlo es favorecer el camino natural del arribo de un hijo. Experto en Bioética y director de ese área del conocimiento en la Universidad Austral, dice que la «enorme mayoría» de los casos de infertilidad pueden ser curados mediante prácticas médicas tradicionales, sin la necesidad de manipular con gametos y embriones fuera del vientre materno.
Para eso recibe a los pacientes en su consultorio en Rosario y la primera tarea que le demanda su oficio es hacer un correcto diagnóstico. «En medicina es una buena práctica, pero cuando se trata de querer traer un bebé al mundo es una excelente opción», relata a PERFIL desde Pilar, donde enseña que 90 de cada 100 parejas con problemas de infertilidad pueden curarse con medicamentos y prácticas quirúrgicas de baja complejidad.
«Podemos hacer que los óvulos bajen al útero correctamente, favorecer su maduración, liberar la zona en donde se produce la anidación (del cigoto), mejorar la calidad de los espermatozoides y estaríamos resolviendo buena parte de los problemas», dice . También menciona el retardo de las parejas para tener hijos: «Después de los 30 años la fertilidad empieza a caer, hasta 25% cada cinco años».

Cuento de esperanza
P.Y.
Alicia Serrano y Jorge Varela trabajan en dependencias de la Nación, y, además, son cuentistas. Narran su historia con detalles y alegría, pero la trama se aleja mucho de ser un cuento de niños: saben que para tener un hijo deben ahorrar mucho dinero o bien presentarse ante un juez con un recurso de amparo.
Alicia tiene 39 años, doce menos que Jorge, y desde hace seis que buscan. Aguardan con paciencia desde su casa en Ciudad Evita, del partido de La Matanza.
Su problema comenzó antes de casarse, cuando tras varios meses de búsqueda infructuosa decidieron acudir a un ginecólogo. «El nos derivó a un especialista en fertilidad, pero luego nos dijeron que los tratamientos no estaban cubiertos por nuestra obra social, y no sólo eso: tampoco el ´producto´ de esas prácticas». Sin poder pagar los estudios, el primero lo costeó la obra social porque se presentó con una orden que decía «problemas menstruales».
Allí descubrió que una disfunción hormonal le impedía ovular correctamente. «No teníamos que hacer una fertilización in vitro, pero aun así los remedios salían hasta 1.500 pesos». Por problemas personales no iniciaron el juicio, y ahora ahorran y esperan. Están anotados en cinco provincias para adoptar desde hace dos años. Del otro lado, 9 mil niños esperando una familia.

 
Pie de foto:
Cifra alarmante. El 15 por ciento de las parejas en edad madura, unas 600 mil personas, afronta problemas de infertilidad, según datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.