El lado B de la criopreservación en la Argentina: vacíos legales y dudas sobre la propiedad del material genético
Después de dos décadas, el país no tiene una definición jurídica al respecto. Estiman que dos tercios han dejado de pagar el canon de conservación.
La criopreservación de embriones cumplió dos décadas en la Argentina sin que el Congreso defina qué es jurídicamente un embrión congelado. La vieja letra que habla del “momento de la concepción” queda abstracta cuando la maniobra ocurre en un ambiente estéril sin presencia de los interesados sino de biólogos que unen óvulos y esperma, los sumergen en nitrógeno líquido y los reservan para el futuro.
La reforma del Código Civil y Comercial esquivó expresamente el tema en su reforma del 2015. “No hay acuerdo sobre el comienzo de la vida y eso ha impedido legislar”, resume Stella Lancuba (MN 62.939), presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
“Es mejor que no haya ley a una mala ley”, considera Sergio Pasqualini (MN 39.914), presidente de la Fundación Repro y director científico de Halitus, una de las clínicas referentes. Sólo en su laboratorio hay más de 5 mil embriones correspondientes a 1800 parejas.
Estiman que dos tercios han dejado de pagar el canon de conservación sin tomar una decisión sobre el destino de ese material genético. ¿Están abandonados? Hay abogados que consideran que sí.
Gabriel Mazingui, especialista en Derecho de Familia, no ve diferencia entre un embrión implantado en el seno materno y uno congelado. “Es una persona”, asegura. En esta línea, algunos países han prohibido la criopreservación e incluso los tratamientos in vitro.
En Costa Rica, nueve parejas llevaron su pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró que el embrión no es una persona. Es el fallo que citan clínicas y jueces que permiten el descarte de ese material genético aún sin aval legal a nivel local.
Sin ley, cada centro tiene su propia política. “Les sugerimos a los pacientes que quieren cesar la preservación que vayan a la Justicia”, explica Carlos Massolo, abogado de Procrearte. Pero en la Justicia también hay disparidad de criterios. En octubre del año pasado autorizaron al descarte a una pareja en La Plata e incluso aludieron a proyectos que el Congreso todavía no ha discutido.
Pero depende del caso y del tribunal: Ana Perasso consiguió que le permitieran tratar de embarazarse con tres embriones que habían quedado de un tratamiento que había hecho con un hombre del que ya estaba separada. Él argumentaba que ya no quería tener hijos con ella, pero Ana consideraba que esos hijos ya estaban en marcha. El embarazo no prosperó, pero ella asegura que le dio paz. “Soy pro vida y esos embriones eran mis hijos”, explica.
El total de embriones congelados en el país podría ya alcanzar los 50 mil. Daniel y su esposa no lo sienten igual: llegaron a tener once embriones en su búsqueda de una familia. Ya padres de dos hijos, decidieron que era suficiente. Tenían opciones: si no querían usar ellos mismos los embriones, podían donarlos a otra pareja o para investigación científica.
Ninguna de las variantes los convencía así que fueron por el cese de la preservación. Es decir, descongelarlos y descartarlos. Fue antes de la sanción del Código Civil, apurados porque un cambio en la ley pudiera afectarlos en su capacidad de decidir. Pero como las clínicas buscan resguardarse legalmente, son los propios clientes los que deben encargarse del asunto.
“Nos hicieron ir con un termo de acero, nos dieron las vainas y nos explicaron cómo destruirlos”, cuenta Daniel. Lo hizo de noche, en una calle cortada y con un halo transgresión que busca cortar contando ahora abiertamente su historia. Es la de muchos otros que esperan en silencio.
