Un fallo intimó a los laboratorios de fertilización asistida
Embriones congelados: se niegan a revelar quiénes son sus dueños.
Los laboratorios argumentan que se violarían el secreto profesional y el derecho a la intimidad de sus pacientes. Todo surgió porque la Justicia nombró un "tutor" para preservar a los embriones.
Diez centros médicos especializados en reproducción asistida se resisten a revelar la identidad de las parejas que tienen preembriones congelados en Capital Federal. Por su negativa, están en riesgo de tener que pagar una multa de 2.000 pesos por día, que correría desde febrero pasado, hasta tanto presenten los datos que les piden.
La férrea oposición de los directores de los centros médicos surgió a partir de que la Justicia porteña les exigió que revelaran cuántos preembriones (según los definen los médicos) tienen almacenados y quiénes son sus progenitores. El juez civil que lleva la causa, Miguel Ricardo Güiraldes, basándose en una sentencia de la Cámara Civil Sala I, les obligó en febrero a dar la información. Pero los centros médicos apelaron. Siete dijeron que no quieren revelar los datos por secreto profesional. Los tres restantes respondieron que darían la información si es que consiguen el consentimiento de los pacientes que tienen los preembriones almacenados (una práctica que sale 300 pesos por año).
El mismo juez que quiere saber quiénes son esos pacientes ya había designado en noviembre del año pasado a Ricardo Rabinovich-Berkman, un abogado, como el «tutor especial» de los embriones congelados en Capital. Ese abogado, que considera que los preembriones son personas (en realidad, Rabinovich habla de «embriones» o de «hijos»), venía promoviendo una acción judicial desde 1993, a partir de que se enteró que había «más de un millar de embriones» congelados. Argumentó que, como los Defensores de Menores se encuentran a menudo abarrotados de trabajo, se necesitaba nombrar a un tutor especial de los embriones. Finalmente, el juez le dio la razón y lo nombró «tutor especial».
«Es una decisión absurda. Los preembriones congelados tienen sus progenitores. No fueron abandonados, por lo cual no necesitan de un tutor especial», opinó Sergio Pasqualini, director de Halitus Instituto Médico.
En tanto, Jorge Blaquier, director del Centro Médico Fertilab, insistió con que «el supuesto abandono de embriones no es real». En su instituto, que hace criopreservación desde hace 15 años, el 96% de los preembriones fueron implantados y el resto fueron donados a otras parejas.
«Rabinovich-Berkman no tiene autoridad moral para hacerse cargo de los preembriones», disparó Claudio Chillik, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. «Primero, porque no se trata de niños sino de preembriones congelados. Segundo, sólo los progenitores tienen autoridad sobre los preembriones», agregó.
Para Chillik, el vacío legal que hay en la Argentina permite que se den «situaciones ridículas como la que se está enfrentando». Desde 1993, se usa la práctica del congelamiento de preembriones como una reserva para cuando las fertilizaciones fracasan. Así, las parejas dan su consentimiento para mantener los preembriones congelados. A cambio, los médicos garantizan anonimato.
Ahora, ese resguardo de la identidad está puesto en jaque. Porque la Justicia porteña no solo designó un tutor especial sino que quiere contar con los nombres de los progenitores de preembriones, mientras que ellos siempre han optado por no hacer pública su identidad.
«La Justicia desconfía de la capacidad de los médicos para hacer un trabajo responsable. Además, la identidad de los pacientes debe ser preservada. Necesitamos, en cambio, una buena ley del Congreso», dijo el experto Roberto Edgardo Nicholson.
«Los nombres de los pacientes son confidenciales. Nos amparamos en el secreto profesional. Sería poco ético darlos a conocer», sostuvo Gastón Rey Valzacchi, director de Procrearte, uno de los 10 centros que recibieron la notificación del juez. «Con el censo de los preembriones, podrían pasar a discriminar a los pacientes con problemas de fertilidad», señaló Blaquier.
Hasta ahora, no se sabe exactamente cuántos preembriones hay en el país. Cada centro mantiene el número en secreto. Pero cada uno ya apeló la decisión judicial por separado: la mayoría argumenta que se violaría el secreto profesional y el de la intimidad.
«Las parejas —indicó Pasqualini— tienen el derecho a resguardar su identidad. No quieren que se revele porque temen ser estigmatizadas o porque son católicos y la Iglesia no permite la fertilización in vitro».
